Tras el paso del primer pico de la pandemia por el COVID-19 en el país y mientras nos organizamos para volver al territorio de manera presencial, continuamos acercándonos desde la virtualidad a las comunidades más afectadas por el conflicto armado. En esta ocasión estuvimos con líderes y habitantes de la región.
En el Sur de Córdoba, a pesar de que no hay Espacios Territoriales para la Capacitación y Reincorporación, habitan 58 excombatientes. En años anteriores, decenas de hombres y mujeres han tenido que desplazarse a otras subregiones, según la Red de Derechos Humanos del Sur de Córdoba, debido a falta de garantías de seguridad y el poco respaldo a proyectos productivos.
Por otro lado, 4.700 familias se han unido al Programa Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Sin embargo, de las familias vinculadas, solo 2.461 cuentan con la totalidad de los pagos por Asistencia Alimentaria Integral.
Frente a la situación que viven quienes habitan esta subregión, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) concluye en su informe que:
“Las expectativas de desarrollo regional que se generaron se han visto empañadas por la fuerte presencia de los grupos armados ilegales”
En el Sur de Córdoba persiste la presencia de grupos al margen de la ley, debido a su ubicación geográfica -que está cerca a las salidas marítimas, tiene corredores de ríos y es el paso entre la región caribe y andina-. Estos grupos han tomado y retomado el cultivo de hoja de coca, involucrando a familias campesinas y generando desplazamientos forzados dentro de la región.
Esta presencia ha impedido que los campesinos y sus familias puedan retomar sus tierras productivas para tener nuevos proyectos agropecuarios.
14 alertas tempranas ha emitido la Defensoría del Pueblo donde se reconocen violaciones a los derechos humanos
Junto con este problema por la presencia de grupos al margen de la ley, los campesinos de esta región también sufren por la falta de una correcta administración en la restitución de tierras, pues muchos de ellos nos afirmaron durante la visita virtual que los funcionarios no les daban direcciones claras para hacer los trámites de manera correcta, y eso los ponía en desventaja con multinacionales y empresas grandes de la zona que se están adueñando del territorio.
Los excombatientes que habitan este territorio manifestaron que el apoyo de la comunidad ha sido fundamental para que poco a poco avancen en su proceso de reincorporación.
Adicional a esto, en el departamento de Córdoba se ubican diferentes comunidades indígenas que han tenido que vivir las consecuencias de la falta de garantías de seguridad. Según la Defensoría del Pueblo, en el año 2017, 190 familias indígenas Embera Katío fueron desplazadas de de Tierralta en el Alto Sinú en medio de un enfrentamiento entre el Ejército y las AGC. Ellas manifiestan que:
“Hemos tenido limitaciones pero paso a paso hemos ido avanzando y paso a paso nos han ido dejando capacidad instalada en el territorio”
Con todas las condiciones y situaciones negativas que viven en el Sur de Córdoba, sus habitantes siguen teniendo esperanza en la implementación del Acuerdo de Paz, en el desarrollo de nuevos proyectos productivos, de pequeñas obras de obras de infraestructura y en el desarrollo territorial.
En la actualidad, según la ARN, ex combatientes de la región desarrollan 16 proyectos productivos individuales, que benefician a 24 excombatientes; 2.512 familias de la subregión cuentan con proyectos de seguridad alimentaria; y 112.272 hombres y mujeres víctimas del conflicto son sujetos de atención.
