Sin seguridad no hay paz: una radiografía de la implementación del Acuerdo de Paz en el Catatumbo 

• La paz en el Catatumbo requiere implementar la Política de Seguridad y Defensa en su dimensión territorial; velar por la garantía del goce efectivo de derechos de los civiles mientras se mantienen activos los ceses bilaterales al fuego establecidos por el Gobierno Nacional; y garantizar la seguridad de los líderes y actores comunitarios que participen en las medidas de verificación de los ceses al fuego con los grupos armados que operan en la región. 
• Este es un balance de la implementación del Acuerdo en esta subregión y unas recomendaciones frente a la seguridad, paz total, reparación a las víctimas, reincorporación, solución al problema de las drogas ilícitas y migrantes venezolanos. 

La subregión del Catatumbo es clave para los esfuerzos de la Paz Total. Allí se están adelantando las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional con el Estado Mayor Central (disidencias de FARC), y, al tiempo, existe un cese al fuego bilateral con el ELN, grupo que también tiene control territorial en la zona. 

Sin embargo, hechos victimizantes como el secuestro y la extorsión van en aumento: entre enero y julio de 2023 fueron denunciados 11 secuestros; y hasta julio de 2023 se han denunciado 35 casos de extorsión, el mismo número que lo registrado en los 12 meses de 2022. De continuar con esta tendencia, 2023 cerraría con cerca de 60 casos, lo que lo convertiría en el año con mayor número de registros desde hace más de una década. 

A partir de la información recolectada en la visita de la Comisión de Paz al Catatumbo en el mes de agosto, en la que participaron líderes comunitarios, víctimas del conflicto, personas en proceso de reincorporación, instituciones nacionales y territoriales encargadas de implementar el Acuerdo de Paz, miembros de la Fuerza Pública y organismos multilaterales y de cooperación internacional, se presenta un balance del estado de la implementación del Acuerdo de Paz en esta subregión PDET y unas recomendaciones frente a la seguridad, paz total, reparación a las víctimas, reincorporación, solución al problema de las drogas ilícitas y migrantes venezolanos. 

Seguridad 

• El ELN y el EMC son los grupos dominantes en la región.  
• El control social de los grupos armados tiene consecuencias graves para la población y las instituciones. Esto se evidencia en casos de extorsión y secuestro, restricciones a la movilidad, imposición de justicia de facto y de normas de conducta, y obstáculos para el actuar de las entidades encargadas de implementar el Acuerdo. 
• Hay expectativas por la implementación de la política de Paz Total. Sin embargo, se alertan posibles riesgos para la población civil debido a tensiones que puedan surgir como parte de las negociaciones y la falta de garantías de seguridad para los liderazgos que participarán en la verificación de los ceses al fuego. 

Paz Total  

La política de Paz Total en esta subregión está marcada por tres aspectos: 

• El cese al fuego bilateral con el ELN generó una alta expectativa: la comunidad espera que haya disminución de hechos violentos, como combates y desplazamientos forzados. 
• El rol protagónico de los líderes del Frente 33 del Estado Mayor Central en la mesa de negociación, en la que se decidió “suspender las acciones ofensivas como mecanismo para proteger a la población civil y disminuir la confrontación”. 
• Inquietudes sobre la forma en la que se desarrollarán los diferentes mecanismos de participación de la sociedad civil en la Paz Total y malestar por la poca representación del Catatumbo en la mesa de negociación con el ELN, en particular en el Comité Nacional de Participación. 

Recomendaciones: es necesario implementar la Política de Seguridad y Defensa en su dimensión territorial; velar por la garantía del goce efectivo de derechos de los civiles mientras se mantienen activos los ceses bilaterales al fuego establecidos por el Gobierno Nacional; y garantizar la seguridad de los líderes y actores comunitarios que participen en las medidas de verificación de los ceses al fuego con los grupos armados que operan en la región. 

Reforma Rural Integral 

• La inseguridad y la falta de garantías para la participación afectan la implementación de la RRI. La Reforma Rural Integral en la subregión Catatumbo se ha caracterizado por los obstáculos en términos de seguridad y las falencias para garantizar la participación efectiva de todos los liderazgos de los distintos territorios de la subregión. Estos dos factores han generado demoras en los procesos de estructuración y ejecución de los proyectos PDET y, además, han debilitado la confianza en las entidades encargadas de la implementación.  
• Existen numerosas barreras para el acceso efectivo a la propiedad rural. El acceso efectivo a la propiedad rural se enfrenta a dificultades relacionadas con un alto nivel de informalidad en la propiedad, conflictos interétnicos y la ocupación indebida de áreas que se encuentran bajo figuras de protección o regulación ambiental.   
• Las obras PDET no han cumplido con las expectativas de las comunidades. Tras el inicio tardío de la implementación de las obras, los resultados de las Obras PDET no han sido satisfactorios para las comunidades. Además, tras la inactividad en los últimos años, se pensó que el mecanismo había desaparecido. 

Recomendaciones: las iniciativas que desarrolle el Gobierno deben ir de la mano y aprovechar los ejercicios de priorización y planeación elaborados por los gobiernos anteriores, especialmente en lo que tiene que ver con la elaboración del PATR y la Hoja de Ruta. Todo ello sin desconocer las correcciones que requieren estos instrumentos y garantizando la transparencia y la participación efectiva de las comunidades en su actualización; y avanzar en los programas de formalización de la propiedad rural para campesinos y comunidades étnicas, y ampliar el alcance de estas iniciativas focalizando otros municipios de la subregión. 

Reparación a las víctimas 

• En Catatumbo, hay 86.043 víctimas sujetas de atención; de ellas, se han indemnizado 8.125 personas (9,4%). Este porcentaje hace del territorio la segunda subregión PDET en la que la indemnización avanza de manera más lenta, solo superada por el PDET Chocó. 
• Se han desarrollado procesos relevantes frente a los mecanismos de justicia transicional, pero se reclama más participación de las víctimas. 
• La emisión de los Planes Regionales de Búsqueda, sumado a las medidas cautelares que expidió la JEP sobre el Cementerio Central de Cúcuta, son hitos clave en la búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, es necesario fortalecer las capacidades de la UBPD y del Instituto de Medicina Legal para agilizar la recuperación e identificación de cuerpos. 

Recomendaciones: acelerar la implementación de la ruta de reparación colectiva de víctimas en la subregión; atender de manera pronta las quejas y denuncias realizadas por las víctimas de la región sobre presuntas conductas inescrupulosas por parte de funcionarios con responsabilidades en la atención a víctimas; fortalecer las actividades de pedagogía sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) para promover la participación de las víctimas tanto en la JEP como en la UBPD; y articular acciones entre la UBPD y el Ministerio de Relaciones Internacionales para establecer mecanismos bilaterales claros con el fin de desarrollar actividades de búsqueda transfronteriza. 

Reincorporación 

• El proceso de reincorporación se caracteriza por ser disperso y los proyectos productivos de reincorporación no son sostenibles. 
• La situación de seguridad es un obstáculo para la reincorporación. Además de los homicidios contra firmantes del Acuerdo en la región, el control que ejercen los grupos armados en algunos municipios “prohíbe” la entrada de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) o su contacto con los firmantes. También se reportan intentos de reclutamiento por parte de grupos armados. 

Recomendaciones: tomar acciones para garantizar la sostenibilidad de los proyectos productivos de reincorporación en la región, fortaleciendo las iniciativas productivas de los firmantes, dirigido principalmente a los proyectos de corte colectivo; y acelerar el proceso de adjudicación del predio al que va a ser trasladada la comunidad del AETCR Caño Indio, con el fin de facilitar una planeación a largo plazo del AETC que permita aprovechar la infraestructura social y comunitaria que ya se ha instalado en el actual espacio territorial. 

Problema de las drogas ilícitas 

• El Catatumbo es la tercera región con más áreas sembradas de cultivos de coca, aportando el 18% del total nacional. Además, Tibú continúa siendo el municipio con mayor concentración de cultivos de coca en Colombia, con cerca de 22.081 hectáreas. Esto corresponde al 52% de las hectáreas sembradas en la región. 
• Para UNODC (2022), el incremento de los cultivos de la coca en el Catatumbo responde a tres fenómenos: el bajo costo de la gasolina en Venezuela (sustancia necesaria para fabricar la pasta a base de coca); el bajo costo de la mano de obra para siembra, cosecha, refinado y transporte, donde juega un papel protagónico el enorme flujo de refugiados venezolanos; y los graves problemas de seguridad asociados a la diversificación en las actividades criminales realizadas por grupos ilegales. 

Recomendaciones: Recuperar la lógica territorial del PNIS, concentrada en promover acciones de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la oferta institucional en el territorio, que produzca transformaciones estructurales en la economía de la región; generar programas de desarrollo alternativo y sustitución para ofrecer alternativas para las comunidades en las que no se implementó el PNIS; generar estrategias de medición y atención para el problema de consumo de sustancias psicoactivas en la subregión; y promover aquellas estrategias que busquen reemplazar las economías ilícitas por lícitas y modelos de desarrollo alternativo, priorizando las áreas de interés ambiental especial. 

Situación de la población venezolana 

• Hay 253.911 personas refugiadas y migrantes venezolanos en Norte de Santander. 
• 40% de la población migrante del departamento se encuentra afiliada al sistema de salud. De esta, el 91% hace parte del régimen subsidiado y el 9% restante del régimen contributivo. 
• De 151.769 niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema educativo departamental, el 18% son venezolanos. 
• A corte de febrero, existían más de 25.000 Permisos por Protección Temporal listos para ser reclamados en el departamento, que tenía como fecha límite el 12 de abril de 2023. 
• Abrir la frontera ha mejorado el comercio binacional pero no ha abarcado garantías de derechos humanos y seguridad. 
• Las personas migrantes están expuestas a vulneraciones relacionadas con el contexto territorial. 

Recomendaciones: establecer mecanismos e indicadores diferenciales de atención y gestión de denuncias por hechos victimizantes a las personas migrantes con el fin de garantizar el acceso a la justicia; los programas y proyectos relacionados con la generación de ingresos económicos ofertados por la institucionalidad, la cooperación internacional y las organizaciones sin ánimo de lucro dirigidos a las personas migrantes, deben contar con acompañamiento continuo para garantizar la sostenibilidad; promover espacios de formación y sensibilización para funcionarios públicos de las entidades de salud, de educación pública y, en general, de las entidades públicas que atienden población migrante, con el fin de disminuir el desconocimiento relacionado con el marco jurídico desarrollado para atender el fenómeno migratorio y erradicar prácticas xenófobas.