Enfoques de género y étnico: logros y retos para su implementación a 7 años de la firma del Acuerdo de Paz
La firma del Acuerdo de Paz marcó un antes y un después para el fin del conflicto en Colombia, no solo para víctimas y firmantes de paz, sino también para los pueblos étnicos y las mujeres.
Por un lado, el reconocimiento de los efectos diferenciados del conflicto para los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rom, fue respaldado por los compromisos que contiene el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz que contiene 13 principios y compromisos que buscan transversalizar su implementación y contempla, en el punto 6.2.3, las salvaguardas sustanciales para garantizar los derechos de los pueblos étnicos.
Y, por el otro, el Acuerdo de Paz marcó un hito histórico frente al reconocimiento de las afectaciones diferenciales del conflicto, pues incluye la perspectiva de género y los derechos de las mujeres dentro de sus compromisos. Si bien el Acuerdo Final no contempla un capítulo diferenciado para los compromisos de género, sí plantea la transversalización de este enfoque como uno de sus principios orientadores.
A siete años de la firma del Acuerdo de Paz, desde el proyecto Del Capitolio Al Territorio de la Fundación Ideas para la Paz, con el apoyo de la Embajada Británica, se hizo un análisis sobre el estado de la implementación de los enfoques étnico y de género. A continuación, los principales hallazgos, avances y retos
Capítulo étnico del Acuerdo de Paz
Rezagos de la implementación del Capítulo Étnico. De las 80 disposiciones para la implementación del enfoque étnico, el 13% están completas; el 60% están en un estado mínimo de avance; y el 14% no se ha iniciado.
Los puntos 5 y 6 del Acuerdo (Víctimas e Implementación, respectivamente), tienen el mayor número de disposiciones completadas en relación con el enfoque étnico. Contrastan con el bajo nivel de avance de la Reforma Rural Integral, las medidas de participación política y el rezago de la reincorporación de los excombatientes que pertenecen a pueblos étnicos.
Acceso a tierras. Entre agosto de 2022 y junio de 2023, la Agencia Nacional de Tierras reportó la compra de 25.802 hectáreas, de las cuales 7.541,83 han sido entregadas a familias con pertenencia étnica. En el caso de los resguardos indígenas, durante el gobierno de Gustavo Petro se ha avanzado en 47 actos administrativos, principalmente en la constitución y ampliación de resguardos. En total, se entregaron 573.542 hectáreas de tierra, de las cuales 5.092 hectáreas provienen del Fondo de Nacional de Tierras. En el caso de los consejos comunitarios de comunidades negras, se han entregado 17 títulos colectivos, correspondientes a 7.151 hectáreas que benefician a 1.514 familias. De este total, 2.040 hectáreas provienen del Fondo Nacional de Tierras.
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Para mayo de 2023, de acuerdo con la Agencia de Renovación del Territorio (ART), se tenían 10.615 iniciativas PDET con etiqueta étnica y se reportaron 3.383 iniciativas étnicas incluidas en Planes de Desarrollo Territorial. Las primeras son las que evidencian menores niveles de implementación; sobre las últimas, la subregión del Alto Patía y Norte del Cauca reporta la mayor cantidad. Esto se explica porque el instrumento más relevante para la participación de las comunidades étnicas en territorios PDET —el Mecanismo Especial de Consulta— enfrentó dificultades como la falta de capacidad técnica para la formulación y seguimiento a los proyectos y la coordinación con otras instancias de planificación a nivel territorial.
Víctimas. Del universo de personas indemnizadas, la UARIV reporta que: 96.536 hacen parte de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras; 32.804 hacen parte de comunidades indígenas; 2.110 hacen parte de la comunidad Rom.
De 638 sujetos étnicos de reparación colectiva, tan solo dos han culminado la implementación de su Plan de Reparación.
Aunque se han presentado avances en términos de reparación a las víctimas con pertenencia étnica, es necesario garantizar la continuidad de los recursos para agilizar la reparación, en particular a mujeres étnicas. También se requiere la inclusión integral del enfoque de género, mujer, familia y generación propuesto en el Capítulo Étnico y el reconocimiento, en todas las instancias y programas, de las rutas propias de sanación espiritual de los territorios y las comunidades étnicas, con rutas de acompañamiento colectivas e individuales.
Las comunidades étnicas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. En este se reconoce la autonomía territorial de los pueblos étnicos, propuso asignaciones presupuestales de los pueblos indígenas y comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, e implementar trazadores presupuestales diferenciados por los distintos pueblos. También propuso la formulación y adaptación de una política pública para erradicar el racismo y la discriminación, que contempla una consulta previa con pueblos y comunidades NARP, pueblos indígenas y Rom, a través de sus autoridades.
Sin embargo, en el Plan Nacional de Desarrollo no están definidos los plazos para llevar a cabo la convocatoria y el desarrollo de la consulta previa relacionada con las acciones frente a los cultivos ilícitos, lo que puede perjudicar su ejecución; no incluye ningún indicador de seguimiento a la ejecución del Plan de Zonificación Ambiental; y se evidencia una disminución presupuestal en regiones como el departamento del Chocó, cuyo monto baja un 23,7% para el cuatrienio 2022-2026, lo que podría afectar las metas planteadas en el PND.
Enfoque de género
Rezagos de la implementación del enfoque de género. El Acuerdo contiene 109 medidas de género y, de acuerdo con la información recolectada, entre enero de 2021 y junio de 2022, solo se habían cumplido el 2% de los compromisos.
La principal barrera que se identificó es que no hay información para realizar seguimiento a los compromisos del Acuerdo que tienen relación con la implementación del enfoque de género. Los puntos más críticos son el punto 5 y el 6, ya que no se cuenta con información en 14 y 4 medidas, respectivamente, para verificar su avance.
En la mayoría de los compromisos por punto se reporta una implementación parcial. Eso significa que los mecanismos para implementar el enfoque de género están introducidos en la práctica, con recursos y funciones establecidas, pero no se ha completado su implementación.
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). De acuerdo con la ART, a mayo de 2023 se reportaron 4.606 iniciativas PDET con etiqueta de género y mujer rural, de las cuales 2.178 se encuentran con ruta de implementación activa (es decir, un 47% del total de las iniciativas). Además, con fecha de corte a abril de 2023, se reportaron 991 iniciativas con etiqueta de género dentro de las iniciativas detonantes y dinamizadoras de las hojas de ruta, consolidadas principalmente en las subregiones del Alto Patía y Norte del Cauca, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño y Macarena – Guaviare.
Reincorporación. Las mujeres en proceso de reincorporación han sido beneficiadas por proyectos productivos que promueven su autonomía económica y la sostenibilidad económica de sus familias. Sin embargo, ha sido un reto ya que las mujeres enfrentan limitadas posibilidades de sostenibilidad de los proyectos por cuenta de sus conocimientos productivos, técnicos y administrativos. Esto debido a los riesgos de seguridad que condicionan su movilidad para comprar insumos y comercializar, y a que enfrentan menores posibilidades de participación en escenarios de toma de decisiones sobre la implementación de los proyectos, así como la desigualdad del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.
Enfoque de género en el Plan de Desarrollo. Se resaltan como avances las propuestas de creación del Sistema Nacional de Cuidado, incluyendo un componente de transformación cultural para el empoderamiento de las mujeres; y la creación del Sistema Nacional de Monitoreo de las Violencias Basadas en Género y la Política de Salud para las Mujeres. Sin embargo, es clave señalar como alertas que la meta propuesta se queda corta al incluir solamente la disminución de horas de cuidado no remunerado por mujeres jefas de hogar y la disminución de la mortalidad materna y tampoco se incluyen indicadores relacionados con disminución de feminicidios, prevención de violencias y acceso a servicios.
