Informe Territorial: Pacífico Medio

• Pacífico Medio es una de las tres subregiones PDET que se ubican en el Pacífico colombiano y está integrada por los tres municipios de la costa del departamento del Cauca: Guapi, Timbiquí y López de Micay, así como la zona rural del distrito especial de Buenaventura, que pertenece al departamento del Valle del Cauca.
• El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en 2018 para la subregión era de 47,1%, en comparación con el IPM de 45,3% de los municipios PDET y de 25,6% para el total nacional.
• En la subregión, así como en el resto de la cuenca del Pacífico, las comunidades étnicas se han organizado en territorios colectivos. De acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a agosto de 2023, en los municipios del Pacífico Medio había 58 consejos comunitarios y 18 resguardos indígenas.

El Pacífico Medio es la subregión PDET más rezagada en la implementación del Acuerdo de Paz, de acuerdo con el más reciente informe del proyecto Del capitolio Al Territorio, de la Fundación Ideas para la Paz. Esto se evidencia, principalmente, en la baja planeación y ejecución de los PDET; en el deterioro de las garantías para la seguridad territorial; barreras en el acceso a la tierra; lentitud en la satisfacción de los derechos de las víctimas; y dispersión en el proceso de reincorporación, inseguridad, estigmatización e insostenibilidad financiera de los proyectos productivos. 

A continuación, se presentan algunos de los hallazgos en cada uno de estos temas:

Deterioro del enfoque participativo y de la confianza de las comunidades en las entidades que implementan el Acuerdo de Paz. La implementación del Acuerdo durante el Gobierno anterior se caracterizó por ser poco participativa y no tener en cuenta la perspectiva de las comunidades. Esta visión se materializó, por ejemplo, en la elaboración de la Hoja de Ruta —el instrumento que el gobierno Duque diseñó para priorizar las iniciativas de los PATR— pues esta fue percibida más como un ejercicio de validación de una priorización hecha a través de criterios establecidos desde Bogotá, que como una discusión amplia e incluyente con la sociedad civil sobre las necesidades del territorio.

Acceso a la tierra. Frente a entrega a tierras para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, todas las hectáreas ingresadas al fondo se encuentran en Buenaventura; de estas, 2.405 se destinarán a comunidades indígenas. Si bien Pacífico Medio ha avanzado en la titulación de territorios colectivos, aún existen retos para acceder a la tierra de forma completa y segura. Las comunidades alegan la existencia de solicitudes de titulación colectiva que están por resolverse; además, persisten inconsistencias sobre los linderos y mojones, que requieren un saneamiento completo de los predios titulados. También, aseguran que existen predios privados dentro de territorios colectivos titulados o que persisten las ocupaciones indebidas en algunas zonas, lo que imposibilita el dominio del predio completo. 

Dispersión en el proceso de reincorporación: inseguridad, estigmatización e insostenibilidad financiera. Según la Fiscalía General de la Nación (FGN), cinco reincorporados han sido asesinados en la subregión y otros cinco han recibido amenazas. De acuerdo con los firmantes, estas amenazas han producido desplazamientos de personas en proceso de reincorporación, así como la desintegración de sus procesos organizativos. Esto refuerza la dispersión que caracteriza el proceso en la región. Participantes de las visitas del proyecto afirman que, a su vez, uno de los efectos de la dispersión en el proceso de reincorporación es la estigmatización de la que son sujetos los firmantes, pues hay pocas posibilidades de adelantar procesos de integración comunitaria, realizar trabajos o acciones con componente restaurador o reparador (de hecho, la Secretaría Ejecutiva de la JEP no ha certificado ningún TOAR en los municipios del Pacífico Medio), o de implementar estrategias para la no estigmatización de los reincorporados.

Lentitud en la satisfacción de los derechos de las víctimas. En la subregión se han indemnizado 24.015 víctimas —el 12,2% de las personas sujetas de atención— mientras que el ritmo de indemnización a nivel nacional es cercano al 18,5%. La restitución de tierras también está rezagada, aunque con diferencias entre la ruta individual y la colectiva: los principales obstáculos están en las demoras del trámite administrativo para tomar decisiones de fondo sobre las solicitudes presentadas a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y en el altísimo porcentaje de solicitudes cuya inscripción al registro es denegada, ya que en la subregión, tan solo el 8,2% de las solicitudes decididas fueron inscritas al Registro de Tierras Despojadas o Abandonadas Forzosamente (RTDAF).

Retos en la implementación del enfoque étnico. De acuerdo con entrevistas a líderes, la marginalización es un reflejo de un proceso de racismo estructural, arraigado en las raíces históricas del país, por medio del cual se han discriminado los grupos étnicos. El Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) asegura que, por ejemplo, las falencias en la eficaz implementación de la Ley 70 de 1993, en el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, de los Autos 005 de 2009, del Decreto Ley 4635 de 2011 y en la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz, dan cuenta de las prácticas de exclusión y discriminación racista por parte del Estado.  El Consejo asegura que, aun con la reforma a la Constitución Política de Colombia de 1991 —en la que se hace explícito el reconocimiento de una nación pluriétnica y multicultural— persisten dinámicas de racismo y discriminación agenciadas políticamente por las instituciones estatales, lo que denomina racismo institucional.

Complejidades en la situación de seguridad. 2016 fue el año con la menor tasa de homicidios entre 2010 y 2022 en el Pacífico Medio. A partir de allí, desde 2017, la tasa de homicidios en la subregión ha venido en aumento, recuperando en 2021 tasas que no se veían desde 2013. Líderes de la subregión atribuyen el deterioro de las condiciones de seguridad a que, después de la firma del Acuerdo de Paz, no se ocuparon los territorios que eran controlados por la antigua guerrilla de las FARC-EP, dando vía libre a que otros grupos armados y disidencias entraran a disputarse el control de la zona. Además, perciben que actualmente hay una inacción de la Fuerza Pública que permite el control territorial de los grupos armados organizados.

Algunas recomendaciones

• Es necesario diseñar e implementar un plan robusto de seguridad territorial especial para la región Pacífico Medio que articule el actuar de la Fuerza Pública con los intentos del Gobierno Nacional para promover treguas entre bandas criminales y ceses al fuego con los grupos presentes en la zona rural. Dicho plan debe ser coherente con la normatividad que diseñe y expida el Gobierno Nacional para el sometimiento de grupos armados de alto impacto.

• Desarrollar un plan de choque articulado entre el nivel nacional y territorial para avanzar en la provisión de bienes y servicios públicos para cubrir las necesidades básicas en la subregión.

• Investigar posibles casos de corrupción en la implementación de proyectos que desarrollen las iniciativas PDET en el territorio, poniendo especial atención a obras que, hasta el momento, se encuentren inconclusas o proyectos cuya ejecución esté pausada o demorada.

• Llevar a cabo un nuevo adelanto de regalías para el mecanismo de OCAD Paz, de manera que puedan financiarse nuevos proyectos de inversión. Sin embargo, es necesario fortalecer los mecanismos de transparencia y reglamentar las medidas de priorización establecidas en el PND, de manera que se dé prevalencia a la inversión en proyectos en las subregiones más atrasadas, como el Pacífico Medio.

• Fortalecer las capacidades de las entidades territoriales para nivelar las falencias técnicas y promover la estructuración y diseño de proyectos.

• Visibilizar la estrategia Obras por Impuestos con empresas que decidan utilizar el mecanismo en la subregión y garantizar que las comunidades se vinculen a la ejecución.

• Revisar las concesiones para títulos mineros otorgados en la subregión y vigilar su ejecución de la mano de las comunidades.

• Avanzar en las solicitudes de formalización y/o ampliación de consejos comunitarios y resguardos indígenas para garantizar su estabilidad.

• Identificar y fortalecer las iniciativas productivas de personas en proceso de reincorporación en la subregión evaluando su sostenibilidad y buscando mecanismos que les permitan acceder, por ejemplo, a recursos de cooperación internacional que permitan el cierre financiero de estas iniciativas.