Catatumbo
El 14 y 15 marzo estuvimos en Cúcuta y Sardinata para conocer de primera mano la implementación del Acuerdo de Paz. Ver la historia
En el Catatumbo hay una gran expectativa por la atención a las demandas históricas causadas por el conflicto armado. Durante la visita pudimos percibir que son varias las necesidades en materia de restitución a las víctimas, seguridad y la situación de la frontera con Venezuela.
Sin embargo, según el informe realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la tasa de homicidios por 100 mil habitantes durante el 2017 fue 62,17 y en el 2018 aumentó a 79,29.
Por otro lado, este mismo informe menciona que la crisis fronteriza con Venezuela ha generado preocupaciones principalmente por la migración irregular que ha generado dinámicas que fortalecen las acciones de grupos armados y las economías ilegales. En general, hay una preocupación por las capacidades institucionales locales para la atención de la crisis humanitaria de la región, y la vez, de la migración venezolana.
Y así como se documentó, lo expresaron las comunidades, los líderes y organizaciones durante nuestra visita a la subregión del Catatumbo. En la reunión con líderes sociales y derechos humanos, este fue un recurrente. En el que se preguntaba sobre las rutas de garantías para la seguridad de quienes participaron en el encuentro y los habitantes de la región.
“Tenemos casos históricos que por el lado de la militarización no va ser el camino. Esto lo que causa es más afectaciones” – manifestó Meylin Zendaya Gamez, Defensora en DDHH del Movimiento Marcha Patriótica.
En el Catatumbo hay una gran expectativa por la atención a las demandas históricas causadas por el conflicto armado. Durante la visita pudimos percibir que son varias las necesidades en materia de restitución a las víctimas, seguridad y la situación de la frontera con Venezuela.
Sin embargo, según el informe realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la tasa de homicidios por 100 mil habitantes durante el 2017 fue 62,17 y en el 2018 aumentó a 79,29.
Por otro lado, este mismo informe menciona que la crisis fronteriza con Venezuela ha generado preocupaciones principalmente por la migración irregular que ha generado dinámicas que fortalecen las acciones de grupos armados y las economías ilegales. En general, hay una preocupación por las capacidades institucionales locales para la atención de la crisis humanitaria de la región, y la vez, de la migración venezolana.
Y así como se documentó, lo expresaron las comunidades, los líderes y organizaciones durante nuestra visita a la subregión del Catatumbo.
En la reunión con líderes sociales y derechos humanos, este fue un recurrente. En el que se preguntaba sobre las rutas de garantías para la seguridad de quienes participaron en el encuentro y los habitantes de la región.
“Tenemos casos históricos que por el lado de la militarización no va ser el camino. Esto lo que causa es más afectaciones” – manifestó Meylin Zendaya Gamez, Defensora en DDHH del Movimiento Marcha Patriótica.
Durante nuestra visita logramos hablar con un líder de Tibú, quién nos habló sobre los esfuerzos que él ha venido haciendo junto a los habitantes de su vereda por sacar adelante el Acuerdo de Paz.
“Le apostamos y le seguimos apostando a la paz a pesar de tantos errores que ha cometido el Gobierno” – expresó Alexander Molina, Presidente de la J.A.C de la Vereda Las Palmas, Tibú, en el que además mencionó su preocupación e incertidumbre por el cumplimiento del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
Aquí algunas cifras las cifras: En Tibú de las 2.698 familias, solo 500 están recibiendo asistencia técnica. En Sardinata hay 302 familias vinculadas.
“Es mejor la guerra que la paz” – nos manifestó Alexander Molina – “Llevo dos años de lucha buscando las formas para decirle al Gobierno que cumpla al menos con lo que se llama la Constitución”.
Su motivación es que a través del Acuerdo de Paz se pueda salir adelante, que quienes hacen parte de la sustitución se les cumplan y que no vuelva a haber un enfrentamiento. Le motivan las 40 familias de su vereda, que hacen parte del proceso, y hoy esperan respuesta por parte de las instituciones.
Por otro lado, a pesar de que no pudimos visitar el Espacio de Reincorporación. A través del informe que realizó la Fundación Ideas para la Paz pudimos identificar que al ETCR Caño Indio llegaron 308 excombatientes y a octubre de 2018 permanecían 85.
Se han destacado avances en proyectos productivos de cacao y cría de especies menores, así como de organización de mujeres excombatientes para la capacitación técnica y formación para la prevención de violencias basadas en género.
Entre las conclusiones de la visita encontramos que:
- Las víctimas están preocupadas por el cierre del diálogo social.
- El Índice de seguridad ha empeorado.
- Se necesita un marco legal que le permita a los migrantes venezolanos tener clara su situación jurídica en Colombia.
- El Gobierno debe invertir en el territorio. Las comunidades no quieren seguir viviendo de la coca, pero necesitan vías terciarias, puentes, electrificación y acueductos rurales.
