Junto a la Fundación Ideas para La Paz, presentamos este primer informe del Congreso elegido para el periodo 2022-2026, con un balance sobre la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016, a un año del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Informe multipartidista sobre el balance de la implementación del Acuerdo de Paz a casi siete años de la firma y tras un año de Gustavo Petro en el poder. Lo firman 18 congresistas que hacen parte de la Comisión de Paz del Congreso, con el apoyo de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Preocupa la seguridad de líderes sociales y excombatientes, el aumento del secuestro, la indemnización de las víctimas y las leyes que siguen sin tramitarse en el Congreso para una adecuada implementación.
Desde la firma del Acuerdo en 2016, el 2022 ha sido el año con mayor número de líderes y defensores de DDHH asesinados (215).
A junio de 2023, 1.357.328 víctimas habían sido indemnizadas que representan el 17,9% de personas sujetas de atención.
El 31,7% de las normas (34) para implementar el Acuerdo siguen pendientes para ser tramitadas por el Congreso, siendo el Punto 1 (reforma rural) el más retrasado.
Bogotá, 26 de septiembre de 2023. Tras casi siete años de haber iniciado la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC y a un año del Gobierno Petro, preocupa el deterioro de la seguridad, especialmente para reincorporados y líderes sociales, la lentitud de la indemnización a las víctimas, el estancamiento en la ruta de reparación colectiva, la baja ejecución de recursos en entidades clave para la implementación y el incumplimiento en la ejecución del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
Estos son los principales hallazgos del más reciente informe multipartidista de seguimiento a la implementación del Acuerdo, elaborado por miembros de la Comisión de Paz del Congreso de la República y la Fundación Ideas para la Paz (FIP) a través del proyecto Del Capitolio Al Territorio. Esta iniciativa ha apoyado, durante los últimos cinco años, la función de control político del Congreso a partir del seguimiento a indicadores de las políticas que desarrollan el Acuerdo e información recolectada en 39 visitas a los municipios más afectados por la violencia.
Los recursos. Hay una baja ejecución de recursos de entidades clave para la implementación como la ANT, la ART y la UARIV, así como una subejecución de recursos frente a lo planeado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo: se deberían estar ejecutando $4,67 billones al año pero la inversión actual, en proyectos y obras terminadas, es del 18, 6% de los recursos necesarios para estabilizar el territorio y cumplir las metas del Acuerdo.
La seguridad. Las condiciones de seguridad en los PDET y en municipios PNIS necesita de acciones urgentes: los excombatientes y líderes sociales siguen en riesgo y el aumento del secuestro es preocupante. Desde la firma del Acuerdo en 2016, el 2022 ha sido el año con mayor número de líderes y de defensores de DDHH asesinados (215), siendo Nariño, Cauca, Antioquia y Putumayo los departamentos con mayor número de víctimas. En los primeros siete meses de 2023 fueron asesinados 28 excombatientes, de los cuales el 43% se encontraban en municipios PDET y el 21,4% en municipios PNIS. Así mismo, entre enero y julio del 2023 han ocurrido 180 secuestrosque comparados con el mismo periodo del 2022, representan un aumento del 81,8%.
La tierra. Para el Gobierno actual, el acceso a la tierra ha sido una prioridad y se evidencia en la destinación de más recursos y el acelerador a la formalización de tierras. Sin embargo, es necesario aclarar algunas de las cifras oficiales: entre agosto de 2022 y mayo de 2023 ingresaron 108.476 ha al Fondo de Tierras, de las cuales el Gobierno ha entregado 2.699 (13,7%), beneficiando a 1.275 familias (30% campesinas y 70% de comunidades étnicas). Sumado a esto, el Gobierno afirma que de los 3 millones de hectáreas que se han formalizado desde la firma del Acuerdo, 998.936 ha se han hecho en el último año. Esto, a pesar de que un informe interno de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) afirma que “más de 600.000 son de gobiernos anteriores y cerca de 250.000 hectáreas no tienen fecha exacta”.
Participación política. Sobre el Punto 2 del Acuerdo, Apertura Democrática, continúa la falta de respuestas efectivas a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo para garantizar la seguridad para el ejercicio de la política, al evidenciar que el 75% de los hechos violentos advertidos se consuman.
Los firmantes de paz. El Gobierno Nacional aún enfrenta las consecuencias de que la reincorporación haya pasado de un enfoque colectivo a uno individual. Muestra de ello es que, si bien el 82,5% de los firmantes del Acuerdo cuentan con un proyecto productivo desembolsado, los reincorporados en los territorios afirman que muchos de estos proyectos no siempre representan, en la práctica, generación de ingresos. Se suma la falta de garantías para la seguridad: desde la firma del Acuerdo han sido asesinados 345 firmantes.
Drogas ilícitas. Frente a la solución al problema de las drogas ilícitas, continúa el incumplimiento que se viene registrando desde los dos gobiernos anteriores, de la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Solo el 3,5% de las familias tiene los recursos correspondientes a proyectos productivos de ciclo corto ejecutados y solo una familia tiene la totalidad de recursos ejecutados de proyecto productivo de ciclo largo.
Las víctimas. La indemnización a las víctimas sigue avanzando muy lentamente, a pesar de las metas ambiciosas del Gobierno Nacional: a junio de 2023, 1.357.328 personas habían sido indemnizadas, lo que representa el 17,9% de las víctimas sujetas de atención. A este ritmo, el Estado tardaría aproximadamente 60 años en indemnizar a las que están registradas actualmente. Entre julio y agosto de 2023 el Gobierno hizo un esfuerzo por acelerar la entrega de indemnizaciones, beneficiando a cerca de 40.000 víctimas. Sin embargo, la ruta de reparación colectiva está estancada: a junio de 2023 se han identificado 917 Sujetos de Reparación Colectiva (SRC), de los cuales solo el 6,1% ha completado la implementación de su Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) y solo el 20,2% lo está implementando. Este rezago se incrementa de manera grave en la reparación colectiva étnica y en los PDET.
Verdad, justicia, reparación y no repetición. Los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición desarrollan sus labores, pero es necesario agilizar los resultados. Por un lado, la JEP ha avanzado en la investigación de macrocasos, en otorgar tratamientos penales especiales para sus comparecientes, en imputar cargos y hacer diligencias para el reconocimiento de responsabilidad, pero aún no ha emitido ninguna sanción a los responsables. Por su parte, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) debe fortalecer con urgencia los procesos de búsqueda y la identificación de cuerpos recuperados: a mayo de 2023, había recibido 22.211 solicitudes de búsqueda e identificado a un universo de 103.955 personas desaparecidas. Al respecto, la UBPD afirma que a mayo de 2023 había recuperado 811 cuerpos, que se suman a 289 recuperados por otras entidades.
Las leyes. La labor del Congreso también está rezagada: el 31,7% de las normas (34) para implementar el Acuerdo siguen pendientes, siendo el Punto 1 (de reforma rural) el más retrasado, pues tiene aún pendiente por tramitar y aprobar el 51,3% de las normas que se requieren. También continúan pendientes ajustes normativos como la reforma política, el sometimiento de grupos de crimen organizado a la justicia, el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores (cultivos ilícitos), el estatuto de lucha contra el lavado de activos y la reforma a la ley de víctimas.
Este informe multipartidista lo firman los senadores Humberto de la Calle, senador independiente; David Luna del Partido Cambio Radical y Omar de Jesús Restrepo del Partido Comunes; y los representantes de las CITREP: William Aljure, Meta-Guaviare; Orlando Castillo, Cauca-Valle; John Jairo González, Bajo Cauca; Karen Manrique, Arauca; Gerson Lisímaco Montaño, Nariño; y James Mosquera, Chocó-Antioquia; del Partido Alianza Verde: Cristian Avendaño, Alejandro García, Catherine Juvinao, Katherine Miranda y Duvalier Sánchez; Daniel Carvalho, representante independiente; Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad y Compromiso; Julio César Triana del Partido Cambio Radical y Alirio Uribe, del Pacto Histórico.
Aquí pueden descargar el informe completo:
Aquí pueden descargar un resumen del informe: