Entre el 13 y 14 de julio estuvimos en la Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño. A pesar de ser la segunda subregión con más recursos, líderes y lideresas insisten en la creación de mecanismos efectivos de transparencia y participación.
Contexto
En esta subregión se ha venido intensificando el deterioro de la seguridad territorial. A diciembre 2022, la tasa de homicidios de la subregión fue de 34 personas por 100 mil habitantes, 6,4 puntos porcentuales por encima del promedio Nacional. Aunque la tasa de homicidio representa una disminución del 6% respecto al año anterior -el cual fue de 36,79 personas por 100 mil habitantes- actores locales afirman que las dinámicas de violencia se han intensificado a través de desapariciones, amenazas, hostigamientos y/o la aparición de panfletos. Además, según la Defensoría del Pueblo, 11 de los 16 municipios de la Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño se encuentran en escenarios de riesgo por la disputa del control territorial de los grupos armados.
Frente al acceso de tierras, una de las dificultades de la implementación es su adjudicación por particularidades ambientales. El 71% de la región se encuentra en Zona de Reserva Forestal (ZRF) de la Ley segunda de 1959.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, se han reportado 37 homicidios y 40 amenazas a personas en proceso de reincorporación en la subregión.
En la subregión registran 193.651 víctimas sujetas de atención, de las cuales solo el 16,2% (31.513 personas) han sido indemnizadas. Preocupa que en está subregión, ningún Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) ha sido implementado.
En la visita
Durante la visita y en relación al contexto expuesto anteriormente, las distintas organizaciones sociales, étnicas, de víctimas y firmantes de paz manifestaron su preocupación por la disputa del control territorial de los grupos al margen de la ley. Es por esto que durante el espacio con congresistas, las comunidades propusieron la firma de un pacto por la vida.
Hicieron enfásis en dos puntos para avanzar tanto con los compromisos del Acuerdo, como con los otros procesos de diálogo de paz que actualmente está desarrollando el gobierno Petro:
Elevar lo dicho por las comunidades al gobierno nacional y el Congreso de la República.
Hacer control político y seguimiento permanente a la situación de la región.
Las organizaciones a nivel departamental y regional hablan de la necesidad del cese al fuego con los grupos al margen de la ley y de un diálogo permanente entre las instituciones y las organizaciones. Los voceros durante las reuniones manifestaron, que en medio de las dificultades y el recrudecimiento del conflicto, la necesidad principal es poner en el centro a los protagonistas de la implementación, quienes durante años han estado esperando su lugar.
Entre las reuniones dialogamos con los distintos liderazgos, entre ellos, Rigoberto Abello Rodríguez, CORDOSAC y secretaría técnica de la COCAN; y con Carlos Garay Martínez, Secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. De los cuales destacamos algunas de las expresiones dichas por ellos:
“Hay que fortalecer el tejido organizativo. Sin las organizaciones, sin las comunidades no vamos a avanzar en el Acuerdo (…)”. 2022. Rigoberto Abello, colectivo agrario, organizaciones sociales y campesinas de Caquetá
“Realmente quienes vivimos la guerra a diario, quienes estamos involucrados en ello, por tanta desigualdad, una desigualdad también de exclusión social por parte de los gobiernos” “Necesitamos que nos escuchen a nosotros, así podrá habrá un dialogo integral. Donde todos los sectores seamos escuchados” Carlos Garay Martínez, Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas
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