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Foto del escritorDel Capitolio Al Territorio

Catatumbo

Entre el 17 y 18 de agosto estuvimos en el Catatumbo. Una de las subregiones que históricamente ha sido afectada por las economías ilícitas y el control territorial de los grupos al margen de la ley.



Contexto

  • El 16 de agosto, un día antes de la visita, en el Catatumbo se presenciaron dos atentados contra la Fuerza Pública en el municipio de Tarra, Norte de Santander. En general, la situación de seguridad territorial en la subregión, a pesar de que hay una reducción en el desplazamiento forzado y homicidios, ha aumentado los casos de extorsión en la subregión del Catatumbo. Además, ha sido uno de los territorios del país en los que más se ha presentado ataques contra la Fuerza Pública. Según datos publicados en nuestro informe de seguimiento a la implementación en esta subregión:


  • Hasta junio 2023, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, se han denunciado 29 casos de extorsión. De continuar con esta tendencia, el año cerraría con cerca de 58 casos, lo que lo convertiría en el segundo año con mayor número de registros desde el 2015.


  • El secuestro en la región muestra una tendencia al alza. Según datos del Ministerio de Defensa, en 2022 se registraron 14 casos, en contraste, a junio 2023 donde se han registrado 11 casos de secuestro. El aumento de los casos como extorsión y secuestro en la subregión son una muestra del control social de los grupos armados. La población se ha visto afectada por restricciones a la movilidad, imposición de justicia de facto y de normas de conducta. En este mismo sentido, las instituciones enfrentan obstáculos para desarrollar sus funciones relacionadas con la implementación.

 

  • Además de los retos en seguridad, se encuentra que tanto la Región del Pacífico y  como el Catatumbo reportan mayor tasa de cultivos de coca. Esta es la segunda región con más áreas sembradas con cultivos de coca, aportando el 21% del total nacional. Tibú es el municipio con mayor concentración de cultivos de coca que tiene Colombia con cerca de 22 mil hectáreas. Según el Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos de UNODC, en el caso de la subregión del Catatumbo, las hectáreas de coca en 2020 eran de 40.116 mientras que en el 2021 ascendieron a más de 42 mil ha, lo cual representa un incremento del 6%.

  

  • Finalmente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) priorizó el departamento de Norte de Santander como subcaso del macrocaso 003 “Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Respecto a esto, se han adelantado procesos de aporte a la verdad y reconocimiento de responsabilidad, y la JEP emitió una resolución de conclusiones. Sin embargo, debido a las condiciones de seguridad del territorio, se han presentado obstáculos para la participación de las víctimas en el Sistema. Sobre situación de las víctimas del conflicto armado, en esta subregión se registran 86.690 víctimas sujetas de atención. De estas, se han indemnizado 7.056 personas (8,14%). Este porcentaje hace del territorio la segunda subregión PDET en la que la indemnización avanza de manera más lenta.


En la visita

Durante dos días, contamos con la visita de congresistas de la Cámara de Representantes y Senado. Entre los aspectos claves, pudimos conocer la situación que viven las víctimas del conflicto y líderes de la subregión, especialmente en materia de seguridad territorial e incumplimientos de la implementación del Acuerdo.


Entre las voces de las comunidades, pudimos conocer el trabajo de Madres del Catatumbo, una asociación de más de 800 mujeres del Norte de Santander que trabajan por el cuidado de su territorio y salvar la vida de niños, niñas y jóvenes que han sido o están en riesgo de ser reclutados.


“Las comunidades no queremos vivir en guerra (…) nosotros queremos paz en el territorio, estamos abierto a la paz (…)” “El llamado es cómo nos unimos a trabajar por el territorio”  Carmen García, Presidenta de Madres del Catatumbo.


Otro de los procesos que pudimos conocer fue el trabajo que está realizando la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) en el Cementerio Central de Cúcuta en la búsqueda de desaparecidos, en el que podrían haber más de 770 cuerpos de personas no identificadas y de personas identificadas no reclamadas.


Uno de los mayores retos del proceso de la Unidad es fortalecer las capacidades de la institución y del Instituto de Medicina Legal para agilizar la recuperación e identificación de cuerpos. Donde además se suman los retos de la búsqueda transfronteriza que requiere de articulación con autoridades en Venezuela.


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