El 25 de marzo, en Colombia se decretó la cuarentena nacional obligatoria. En medio de la incertidumbre que trajo consigo el Covid-19, decidimos continuar con nuestro proyecto #DelCapitolioAlTerritorio a través de la virtualidad, en esta ocasión nos reunimos con líderes, organizaciones, víctimas y autoridades locales del Catatumbo.

Históricamente los municipios PDET, que son los más afectados por la guerra y la pobreza, han sufrido la ausencia del Estado. El Covid-19 y los efectos de la pandemia reflejan esa realidad, la situación a la que hoy se enfrentan hace necesario que se incorporen medidas con enfoque diferencial para contener la pandemia y a su vez, mitigar los efectos económicos y sociales en estos territorios.

Durante esta y las próximas visitas podrán ver un contexto de la situación en la que se encuentran estos territorios y los impactos que tienen sobre la implementación del Acuerdo de Paz, y en la comunidad en general. Así son las cifras en el Catatumbo según la Fundación Ideas para la Paz (FIP):

Al inicio de la pandemia, la subregión no contaba con una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); el 13,8% de los hogares no están asegurados en salud; y el 33,5% no tiene acceso a agua potable.

En cada reunión, las comunidades manifestaron que no han recibido beneficios del “Ingreso Solidario” y ven con gran preocupación la crisis económica que está generando por la pandemia del Covid-19. A esto se suma, la situación de seguridad, la intensificación de los combates de los grupos armados y los desplazamientos masivos de las familias.

Frente a estas preocupaciones, los líderes y organizaciones insisten en que es necesario priorizar la iniciativas PDET y la socialización de los avances para mitigar los efectos de la pandemia.

La expectativa y la promesa que se tiene es que vamos a cumplirles en 3 años, darle luz a toda nuestra población rural – expresó el Hermides Moncada, alcalde de Sardinata – La comunidad está esperanzada en que los PDET sean parte de la solución, en que va ser un importante aporte a superar la pobreza.

Desde la reincorporación, los excombatientes piden acompañamientos de las entidades en la ejecución de sus proyectos productivos; las familias que pertenecen al Programa de Sustitución piden que se les cumpla con el acceso a los proyectos productivos y de seguridad alimentaria; y las víctimas hacen un llamado para que las instituciones dialoguen con ella sobre los procesos de atención psicosocial y reparación frente a nuevos hechos de violencia.

A pesar de estas dificultades mencionadas anteriormente, de los pocos avances que se han dado frente a la implementación del Acuerdo, las comunidades guardan la esperanza por poder contribuir al desarrollo de sus territorios.

Las voces de cada uno de los habitantes se hacen necesarias en medio de la crisis que se vive en el país a causa del Covid-19. Nuestra invitación es a seguir trabajando, velando y respaldando la implementación del Acuerdo de Paz en estos territorios.