El Acuerdo de Paz en el Caquetá, así como en otros departamentos, es visto como una oportunidad para la transformación del territorio y la reducción de los índices de seguridad. Sin embargo son varias las preocupaciones que manifiestan sus habitantes. Comenzaremos por una de ellas: la deforestación y el conflicto por el uso de suelo.

Según el Ideam, en el último trimestre del 2018, en Caquetá se perdieron más 30.000 hectáreas de bosque amazónico por cuenta de la deforestación.

Entre los municipios más afectados, y que además pertenecen al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), son San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá donde se concentró el 22% de la deforestación total del país durante el año 2017. De acuerdo, al informe de la Fundación Ideas para la Paz, la causa de esto es el desarrollo de economías ilícitas como la ganadería extensiva, minería de oro y carreteras ilegales.

A pesar de esto, encontramos a líderes y campesinos que hoy adelantan iniciativas para la prevención de la deforestación y el impulso de proyectos sostenibles con el medio ambiente. 

Según la FIP, hay otro elemento importante a considerar para la implementación del Acuerdo de Paz: 

El 72% del territorio se encuentra bajo la figura de Reserva Forestal de la Ley segunda de 1959.

¿Qué significa esto? Al ser áreas protegidas persiste un conflicto por el uso del suelo. Esto se vuelve uno de los principales retos en cuanto a la aceleración de la formalización de tierras y la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial, puesto que es la vía para que más habitantes de estos territorios puedan contribuir con sus proyectos al desarrollo rural.

En nuestra visita pudimos realizar un recorrido por los Espacios de Reincorporación, ahí dialogamos con líderes del ETCR y pudimos ver de primera mano uno de los proyectos productivos que hoy es conocido internacionalmente: “Remando por la Paz”, una iniciativa ecoturística para hacer rafting.

En Caquetá, los excombatientes dejaron las armas para remar por la paz.

Además de este proyecto, pudimos ver en el ETCR de Agua Bonita el avance en proyectos como la piscicultura.

Gracias al apoyo de la Cooperación Internacional, las autoridades locales y la autogestión que ellos mismos, han podido avanzar en la implementación de estas iniciativas.

Por parte de los excombatientes, actualmente hay una preocupación por la sostenibilidad y el mejoramiento de la infraestructura de los Espacios de Reincorporación.

En esta visita también pudimos escuchar las voces líderes que hacen parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

En esta región, se encuentran 12.949 familias vinculadas al Programa con acuerdo individuales.

Las comunidades hacen un llamado para que se cumpla con los compromisos que se hicieron con las entidades; que se amplíe la cobertura con otros municipios y las inscripción para más familias; y que no haya más erradicación forzada ni aspersión con glifosato.